Hoy entran en vigor las nuevas tasas de justicia impuestas por el gobierno. Ésta tasas, en principio, suponen unas dificultades de acceso a la justicia para las clases más bajas de nuestra sociedad. Por tanto, se podría decir que se abandona esa "igualdad" que, se supone, debe haber en toda democracia.
Los ciudadanos españoles no lo han dudado (según encuestas, el 83% de los españoles estarían en desacuerdo con este tasazo) y han salido a las calles antes de la entrada en vigor de este 'tasazo'. Y no sólo los ciudadanos, sino también los propios jueces, fiscales y demás funcionarios de la justicia. De entre ellos, Torres-Dulce, fiscal general del Estado, que ha considerado estas tasas de "excesivas y que dificultan el acceso a la justicia". Además, el fiscal ha cometado su descontento porque el Ministerio de Justicia no consultó a los órganos de justicia más importantes para la elaboración de ésta reforma.
Como decía más arriba, los funcionarios judiciales, que saben lo que esto supone, han comenzado a pensar en hacer una huelga en defensa de una justicia igualitaria y democrática. Torres-Dulce ha indicado que esta medida no es "impensable" porque está
en el horizonte de las asociaciones del sector y ha agregado que respeta
esa situación, pero no la comparte.
La nueva ley, que, como he dicho antes, comienza a aplizarse este lunes, contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y
los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y
afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el
Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa. De esta manera, recurrir una sentencia será más caro de lo que puedes ahorrarte ganando el juicio y no teniendo que pagar la multa en cuestión.
Éste es, pues, otro golpe más a la igualdad, al estado de derecho, a la democracia, y, como no, al programa electoral que el Partido Popular presentó.
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